1. Defensa en contra de pliegos de responsabilidad de servidores públicos de la Secretaría de la Función Pública o de cualquiera de sus Unidades Administrativas (Contralorías Internas).
   
   
2. Defensa contra descalificaciones o resultados adversos en procedimientos de concursos o licitaciones públicas, inclusive la impugnación administrativa y jurisdiccional de las resoluciones que se emitan.
   
   
3. Impugnación de multas o sanciones impuestas por cualquier autoridad administrativa, inclusive la instrumentación y seguimiento del procedimiento establecido en la Ley Federal del Procedimiento Administrativo y sus correlativas estatales.
   
   
4. Solicitudes de indemnizaciones por daños y perjuicios a favor de los gobernados, derivados de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado y sus correlativas estatales.